La Convención Constituyente y el futuro de Chile

Un reporte exclusivo por Natalia Bieletto-Bueno; Centro de Investigación en Artes y Humanidades, Universidad Mayor, Chile

El pasado 4 de julio marcó un hito histórico para Chile. Se trata de la fecha en que se inauguró la Convención Constituyente, organismo ciudadano derivado del denominado “estallido social” mismo que fue iniciado por los sectores populares el 18 de octubre del 2019. El modo declaradamente violento en cómo en octubre del 2019 la ciudadanía chilena exigió en las calles su derecho a la participación política, da cuenta de una larga trayectoria de demandas sociales mediante las cuales se había buscado contravenir la precarización ocasionada por el orden neoliberal que rige al país desde la dictadura de Pinochet y que ha sido facilitado por la constitución de 1980, sostén legal para la mercantilización neoliberal de la vida.

Si bien los intentos de cambiar el texto de la Constitución chilena han sido múltiples durante los últimos 30 años, las luchas recientes que han cobrado forma de protesta social se inician en 2006 con la denominada “revolución pingüina” promovida por los estudiantes secundarios – jóvenes entre 13 y 18 años– quienes exigían su derecho a la educación gratuita y de calidad. Cinco años después, en 2011, este movimiento por la educación gratuita continuó en un marco internacional en el que también desarrollaban movimientos ciudadanos por una mayor justicia social: en medio oriente tenía lugar la primavera árabe, mientras que USA hacía frente al movimiento Occupy Wall Street; en tanto, en las calles y plazas de España los “indignados” exigían mejores condiciones de vida. En todos los casos, las protestas ciudadanas reclamaban el autoritarismo de sus gobiernos y la desigualdad económica que había conducido a la precarización de la vida en su totalidad. Se denunciaba además el hartazgo ciudadano ante una clase política que parecía no escuchar a la ciudadanía. En Chile, en particular, el movimiento estudiantil del 2011 denunció con gran claridad que una mayor igualdad social sólo se conseguiría con un más justo acceso a la educación.

Sin embargo, el proceso de transformación profunda que Chile atraviesa en la actualidad es ilegible si no se considera además que a la par de las luchas metropolitanas arriba aludidas, en el sur del país se ha desarrollado desde el 2001 una guerra soterrada entre la nación mapuche y el Estado chileno. Este movimiento de resistencia cultural y defensa territorial ha sido poco divulgado y sumamente estigmatizado –tachado de criminal y terrorista por diversas administraciones presidenciales–; aún así, no es sino la expresión local del impulso decolonial que se verifica en numerosas zonas de la región Latinoamericana desde fines del siglo XX. En los últimos veinte años, la nación mapuche ha sido despojada de sus territorios ancestrales a causa de la expansión de las compañías forestales; sus territorios militarizados y sus líderes ejecutados. Todo ello bajo el ocultamiento de los medios de comunicación mayoritarios y el cobijo legal de la constitución pinochetista que criminaliza las luchas sociales.

Pese a su falta de liderazgo, su abrupta violencia y su nula planificación, el Estallido chileno del 2019 no fue una reacción espontánea. Por el contrario, fue la identificación potente e innegable de la opresión común que sufre el sector que el sociólogo Guy Standing identificó como “precariado”; así como el abierto hartazgo y desacato de lo que la crítica anti-neoliberal ha identificado como el ciudadano del Sur Global. La presencia ubicua y el uso emblemático del Wenüfoye –la bandera mapuche– en todas las marchas desde octubre del 2019, no es una casualidad. En los últimos años el ciudadano de a pie en Chile se ha identificado con la causa mapuche y las del resto de las naciones originarias, pues ha vivido en carne propia experiencias similares de abuso, despojo, marginalización y silenciamiento que las que han aquejado a los indígenas de América. Ataques a activistas medio ambientales que han defendido el derecho al agua, denuncias a colusiones entre compañías farmacéuticas, acceso limitado o incosteable a los servicios de salud y la educación, la administración privada de los fondos de pensiones (denominados en Chile AFPs), y la exigencia de incrementar los derechos sociales, laborales y jurídicos de las mujeres, son luchas transversales que el movimiento social ha defendido desde el inicio.

El proceso de conformación de la actual Convención Constituyente en Chile fue emocionante en múltiples sentidos, y ejemplar en muchos otros. Primero, porque todas sus etapas se han caracterizado por una participación ciudadana en el más amplio sentido de la democracia. Esto incluye marchas pacíficas multitudinarias –entre la que se destaca la marcha del 25 de octubre del 2019 que convocó aproximadamente a 1.2 millon de personas sólo en la capital, y un total de 3 millones de personas en todo el país–, múltiples cabildos ciudadanos, la realización de un plebiscito para decidir si una nueva constitución era necesaria o bastaba con hacer reformas a la preexistente, y finalmente una votación para elegir de entre alrededor de 1400 postulantes independientes a los 155 ciudadanos, en cantidad paritaria de hombres y mujeres, que conforman hoy la convención constituyente, Por si ello fuera poco, ese proceso de elección admitió incluso las postulaciones de aquéllos quienes previamente habían rechazado escribir una nueva constitución. Además, un logro que debe ser mencionado es la obtención de 17 escaños reservados para los pueblos originarios de Chile.

Por ello, la elección de la lingüista y humanista mapuche, la Dra.Elisa Loncón para presidir este organismo ciudadano y su discurso de apertura, ha sido sumamente significativa entre los sectores movilizados en Chile. Su presencia representa, a nivel particular, la lucha de una nación originaria que ha hecho frente por siglos a las leyes formuladas por un estado que no los reconoce como interlocutores políticos, y en general, la resistencia de una ciudadanía mucho más diversa y compleja de lo que el actual Estado chileno logra reconocer a nivel jurídico. Lo que es más, la figura de Loncón reaviva entre los habitantes de la región latinoamericana una ola de recuerdos muy vívidos de las décadas más recientes. Entre ellos se pueden contar el otorgamiento del premio nobel de la Paz a Rigoberta Menchú en 1992, la lucha neo-zapatista en el sur de México en 1994, o el ascenso de Evo Morales a la presidencia de Bolivia en el año 200X. Siendo yo mexicana, la elección de Loncón para presidir la mesa directiva de la Convención Constituyente en Chile naturalmente despertó muy intensas y conmovedoras memorias de cuando en Chiapas se realizó la Convención Nacional Democrática en 1994, convocada por el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, y luego, aún más grande, la realización del Congreso Nacional indígena en 1996. Entonces los indígenas tzotziles, tzeltales, tojolabales y choles y zoques, hicieron un llamado generalizado al resto de las naciones originarias de México y a la sociedad civil, a acudir a dialogar en sus términos, en sus idiomas y en sus territorios. La nada despreciable oferta: “un nuevo mundo en donde quepan muchos mundos”. La presencia de la Comandanta Ramona, lideresa de las fuerzas armadas insurgentes y representante de las luchas de las mujeres indígenas, nos brindo a los observadores mestizos una nueva manera de comprender lo que significa la opresión, y las batallas que estas mujeres libran en el curso de la vida cotidiana y en la esfera de lo doméstico. Sobre todo, la lucha neo-zapatista sembró entre los jóvenes de entonces una consciencia decisiva de lo que significa la herida colonial. ¡Tanto nos enseñaron entonces los neo-zapatistas! Y tanto nos siguen enseñando ahora ellos y los hermanos de las naciones originarias de América. Esta lucha ha sido de años de des-aprender para poder reconocer la diversidad de formas de existir. También de encontrar modos para sanar las heridas causadas por la colonialidad del ser y los saberes.

No obstante, la consciencia de la herida colonial y su racismo de base no se ha expandido por igual entre todos los sectores. De hecho, uno delos puntos de controversia que despertó el discurso inaugural de Elisa Loncón concierne a lo que ella denominó el mandato popular de “refundar Chile” y que mereció la atención de comentaristas políticos en programas radiales y televisivos transmitidos al dia siguiente. Como era de esperarse, las aseveraciones de Loncón despertaron las objeciones de la derecha chilena. Estos personajes defendieron la Historia republicana de Chile aludiendo que “refundar” el país implicaría reinventar una historia nacional que ya existe y que no debe ser negada, sino más bien honrada y renovada.

Como en gran parte de los países de América Latina, el problema es que el racismo estructural que prima entre gran parte de las élites ha sido una condición necesaria para el proceso de formación de los Estado Nación desde inicios del siglo XIX, para su ratificación en las primeras décadas del siglo XX y para su persistencia en la época actual. A causa de ello, la opresión en contra de las naciones originarias, de sus culturas y sistemas epistemológicos, no han sido reconocida como el fundamento de las historias republicanas en nuestra región.

Cuando Elisa Loncón se refiere a “refundar Chile”, aboga por un cambio de paradigma que revise la historia de negación de los pueblos originarios, el genocidio histórico perpetrado hacia ellos, y el epistemicidio del que sus culturas han sido objeto. Todo ello bajo el alero de la ley. Este cambio de paradigma debe, en primer lugar, reconocer la matriz racial y patriarcal de la colonización primero y del Estado-Nación después. Lo que procedería en segunda instancia es adoptar medidas restaurativas, que en el caso de gran parte de las naciones originarias chilenas implicaría la restitución de los territorios, así como la facilitación del camino hacia una mayor justicia epistémica y jurídica. Hay una gran diferencia entre reconocer el multiculturalismo de un país y la intención de declarar a Chile como un Estado plurinacional. El primer término, a menudo usado con tintes celebratorios y folklorizantes, no obliga al Estado a dar garantías legales que protejan la sobrevivencia de las culturas no hegemónicas, como sí lo implicaría el segundo. Entre ellos, se incluirían, por ejemplo, el derecho al idioma y al territorio, la autodeterminación, el derecho y protección de las cosmogonías nativas, el reconocimiento de los derechos bio-culturales, así como la formulación de leyes que, saliendo del paradigma antropocéntrico, protejan a entidades naturales como un río o una montaña y las hagan sujetos de derechos. En este proceso, el Derecho comparativo con otros estados plurinacionales en Latinoamérica, como Bolivia o Ecuador, será fundamental.

Por todo lo anterior, las críticas hechas por los representantes del status quo chileno urgen de una mayor reflexión sobre el locus de enunciación y la posicionalidad histórica de quien objeta la necesidad de refundar Chile; reflexión por cierto, que los ciudadanos santiaguinos, blancos, varones-cisgénero que proclaman tales críticas no parecen haber hecho. Su propio lugar de privilegio al criticar con recelo la intención de Loncón de “refundar”, arroja luz sobre la prevalencia de ideas en torno a una superioridad criolla, masculina y occidentalizada, y que no logra situarse ante los cambios epistemológicos y demográficos que ya ocurrieron en el siglo actual. Aún así, Chile se actualiza en los cambios que su sociedad requiere y lo hace a pasos agigantados.

Pese al largo camino que aún queda por recorrer, celebro, con mucha emoción, los modos tan conscientes en cómo se está produciendo este cambio en una sociedad profundamente herida por la polarización social e ideológica heredada de la dictadura. Un futuro promisorio y esperanzador toca las puertas de este sureño país. Con suficiente humildad y altura de miras, estoy segura, ese futuro llegará a ser.